En la búsqueda constante por fortalecer la transparencia y la integridad en los gobiernos, la región latinoamericana enfrenta desafíos significativos relacionados con la corrupción parlamentaria. Históricamente, casos emblemáticos en Argentina y otros países han resaltado la necesidad de abordar este problema de manera efectiva.
La promoción de leyes anticorrupción, la independencia de los órganos de control y la participación ciudadana son elementos clave para combatir este fenómeno arraigado. Al abordar la corrupción parlamentaria, los gobiernos pueden fortalecer sus instituciones, fomentar la rendición de cuentas y avanzar hacia una gobernanza más transparente y justa en América Latina. Han implementado diversas medidas y participado en acuerdos internacionales para fortalecer sus sistemas anticorrupción, como plataformas regionales para mejorar canales de comunicación abierta, asistencia técnica, asistencia legal, y el debate en foros especializados. Global Organization of Paliamentarians Against Corruption (GOPAC, por sus siglas en inglés) es uno de ellos.
Esta organización internacional agrupa legisladores y ex legisladores de todo el mundo que trabajan aunadamente para combatir la corrupción a través del apoyo mutuo e intercambio de experiencias, con la finalidad de identificar oportunidades para cumplir acuerdos y tratados en sus respectivos países; fortalecer la capacidad de los parlamentarios para cumplir sus funciones de fiscalización en el parlamento; preparar proyectos de ley relacionados con la lucha contra la corrupción; apoyar los procesos electorales y fortalecer las instituciones democráticas, entre otras incumbencias.
Es igualmente crítico, discutir el rol de los legisladores para apoyar y facilitar el régimen anti lavado de dinero en lo regional y nacional. A éstos afecta la mera percepción de un conflicto de esta naturaleza que fácilmente puede dañar reputaciones. Un regalo recibido puede desatar un manto de sospechas, como así también la misma inmunidad parlamentaria de la que gozan puede ser utilizada en su desmedro. Es un equilibrio tan delicado, que requiere que se haga un estudio profundo de cada tema y sus implicancias.
Ante el caso comprobado de corrupción y las dificultades que encuentran las autoridades judiciales en su investigación, los países han empezado a cooperar en el desarrollo de políticas coordinadas de recuperación de bienes producto de la defraudación contra la Administración Pública y otros delitos de corrupción, como el cohecho y malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados o el prevaricato, como es en el caso de Argentina.
Por todo esto, algunos países han comenzado a definir el estándar profesional y ético que fija los parámetros que definen el “deber ser” de un funcionario, probo, íntegro y honorable. A tal fin se escriben códigos de conducta, se solicitan declaraciones patrimoniales y de intereses en conflicto y se establecen reglas sobre subsidios y gastos de gestión. Sin embargo, hay que definir como todas estas restricciones se compatibilizan con la inmunidad parlamentaria.
La creación de agencias especializadas, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha marcado un paso significativo en la región, evidenciando el compromiso por investigar y sancionar prácticas corruptas a niveles gubernamentales. Puede este ser un estímulo al involucramiento de más legisladores latinoamericanos en funciones o “mandato cumplido” en GOPAC.
Además, el impulso de legislación específica, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en México, refleja el esfuerzo por crear marcos jurídicos que promuevan la rendición de cuentas. En el ámbito internacional, la adhesión de países latinoamericanos a acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) ha permitido una cooperación más efectiva, facilitando el intercambio de información y recursos para combatir la corrupción de manera coordinada.
Es esencial analizar casos previos, como el «Mensalão» en Brasil o el «Lava Jato», para comprender la complejidad y la urgencia de implementar medidas preventivas y sancionatorias. En este contexto, la utilización de herramientas digitales y redes sociales ha permitido que los ciudadanos compartan información, promuevan la transparencia y presionen a las autoridades para que tomen medidas concretas.
La participación ciudadana juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, siendo un catalizador clave para la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos. Desde Diálogos Estratégicos participamos activamente liderando el Grupo de Trabajo “Participación Ciudadana y Parlamento Abierto” de GOPAC que integran legisladores asiáticos, africanos y de Oceanía. Desde allí hemos hecho conocer experiencias locales y latinoamericanas en los distintos foros de la Organización.
La consolidación de esfuerzos internacionales y la mejora continua de los mecanismos internos son cruciales para avanzar hacia una región latinoamericana más resiliente ante la corrupción, promoviendo la transparencia y la integridad en la gestión pública.
